El abogado penalista Jesús Odériz ha logrado una resolución ejemplar en un caso de impago de pensión de alimentos en Málaga. El Juzgado de lo Penal nº 9 ha ordenado el ingreso en prisión de un hombre que, pese a alegar dificultades económicas desde la pandemia, fue localizado de alta como autónomo y exhibiendo un alto nivel de vida en redes sociales.
El conflicto comenzó en 2020, cuando se interpuso querella por impago de pensiones. Aunque el acusado había llegado a firmar un acuerdo para saldar deudas anteriores, incumplió reiteradamente sus obligaciones económicas hacia su hijo menor desde finales de 2019. A pesar de haber sido condenado a una multa de 2.700 € y al pago de una indemnización por más de 7.600 €, y de haber recibido una suspensión de su pena de prisión a cambio de abonar una cuota mensual, nunca hizo ningún ingreso.
Gracias a las pruebas aportadas por la acusación particular, incluyendo informes de vida laboral y publicaciones en redes sociales, el juez ha revocado la suspensión de la pena y ha ordenado la ejecución de 135 días de prisión.
¿Qué pasa si no se paga la pensión de alimentos?
El impago de la pensión fijada judicialmente puede tener consecuencias penales si se demuestra que el deudor tiene capacidad económica y actúa con voluntad de incumplir. En España, este delito puede conllevar multas, indemnización al menor afectado y, en casos graves o reincidentes, penas de prisión.
Alegar falta de ingresos no basta: si la parte afectada demuestra que hay actividad económica, bienes ocultos o una forma de vida incompatible con la supuesta insolvencia, el juzgado puede dictar una condena. La reincidencia o el incumplimiento de acuerdos o sentencias previas puede llevar a que se revoque cualquier medida de suspensión y se ejecute directamente la pena de cárcel.
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